65 PFAE CANARIOS PARALIZADOS

El Servicio Canario de Empleo ha emitido una serie recomendaciones para adaptarse a los cambios normativos en la contratación de personal técnico, pero la mayoría de los ayuntamientos canarios no logran poner en marcha sus Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) de 2025 debido a los desafíos de dicha contratación. De 89 proyectos aprobados, 63 siguen en el limbo, amenazando la inversión pública y el futuro laboral de miles de personas.

Canarias afronta una crisis en la puesta en marcha de sus Programas de Empleo de 2025

La implementación de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) en Canarias se encuentra en una situación crítica.

Solo 26 de los 89 proyectos para 2025 han logrado comenzar, dejando 63 iniciativas pendientes.

• Profesionales técnicos-docentes: 5 × 63 = 315 personas

• Personas en formación: 15 × 65 = 945 personas

• Total afectadas: 315 + 945 = 1.260 personas

Esta parálisis afecta principalmente a los ayuntamientos, algunos de los cuales incluso se han visto obligados a devolver las subvenciones concedidas.

*Consulta al final de la noticia el listado de proyectos aprobados en Canarias, distinguiendo los que ya han comenzado de aquellos que aún permanecen pendientes.

Origen de la problemática

• Desde el 1 de enero de 2025, las Administraciones Públicas ya no pueden utilizar los contratos temporales específicos (modelos 405 y 505) para contratar personal técnico en programas de activación para el empleo.
• La Ley 3/2023 de Empleo obliga ahora a que la contratación se ajuste a la normativa ordinaria.

El SCE propone soluciones urgentes y estratégicas

Ante este complejo escenario, el Servicio Canario de Empleo (SCE) ha publicado un análisis jurídico con alternativas contractuales para guiar a los ayuntamientos a que logren la ejecución de la convocatoria de subvenciones en curso y asegurar la estabilidad de estos programas.

Opciones ordinarias (para estabilidad a largo plazo)

• Contratación laboral fija discontinua: ajustada a la normativa vigente, ideal para actividades cíclicas o periódicas. Aporta estabilidad y profesionalización, evitando abusos en la temporalidad.
• Contratación indefinida: integra al personal técnico en la plantilla estable del Ayuntamiento. Garantiza calidad y continuidad de los programas. Debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos selectivos.

Estas dos vías son las recomendadas para futuras convocatorias, asegurando la plena seguridad jurídica y estabilidad organizativa.

Alternativas excepcionales y transitorias (para la convocatoria actual)

• Contrato por circunstancias de la producción (Art. 15.2 ET): justificado por la adaptación organizativa urgente.
  • Duración máxima: 6 meses (hasta 12 si lo amplía el convenio sectorial).
  • Requiere documentación exhaustiva para evitar el riesgo de ser calificado como fraudulento y convertido en contrato indefinido si la necesidad se considera estructural.

• Contratación para actividades docentes (Art. 310, Ley 9/2017, LCSP): 
  • Permite la contratación directa de profesionales o especialistas para acciones formativas puntuales, con duración limitada y no reiteradas.
  • Restricciones: Solo es aplicable a personas físicas que no actúen como empresarios o profesionales habituales en estas actividades. Una duración prolongada (ej., 12 meses) o la falta de acreditación del carácter excepcional pueden ser un riesgo de que se considere una relación laboral estructural.
• Formalización de dos contratos de 6 meses para diferentes docentes (si el Convenio no permite 12 meses):
  • Esta opción es posible siempre que no se supere el límite de dieciocho meses en un período de veinticuatro meses para el mismo puesto de trabajo, aunque se empleen diferentes docentes.
  • Riesgo de fraude de ley persiste si la necesidad se considera estructural y la concatenación de contratos busca encubrir una relación permanente.

El SCE descarta dos vías:

• Encargo a «medio propio personificado» (subcontratación no permitida por las bases de las subvenciones).
• Considerar al personal técnico como «personal participante» (dada la clara distinción legal y funcional entre ambos roles).

Riesgo inminente: Canarias al borde de una catástrofe en Empleo y Formación

La situación actual no representa únicamente un retraso administrativo, sino una crisis de gran magnitud que pone en serio riesgo el futuro laboral y formativo de miles de ciudadanos en Canarias. Resulta especialmente alarmante que, a estas alturas del año, 63 proyectos continúen sin ponerse en marcha, lo que implica que la mayoría de estas iniciativas clave para el empleo y la formación permanecen atrapadas en un limbo burocrático. La causa principal radica en las persistentes dificultades de los ayuntamientos para contratar al personal técnico, obligados ahora a ajustarse a la nueva normativa.

La crisis amenaza tanto la financiación pública como el futuro laboral de miles de personas.

Consecuencias directas

Pérdida millonaria de fondos públicos

Algunos ayuntamientos ya se han visto obligados a devolver las subvenciones concedidas, un hecho que refleja la gravedad de la situación. El SCE ha advertido que todos los programas que no inicien su ejecución antes del 31 de diciembre de 2025 corren el riesgo inminente e irreversible de perder la financiación asignada. Esto no se trata de una simple sanción administrativa, sino del pérdida de millones de euros de inversión pública específicamente destinada a dinamizar el mercado laboral canario y generar oportunidades de desarrollo en los municipios.

Futuro laboral robado a miles de personas

Más allá del impacto económico, la verdadera tragedia se refleja en el devastador coste social. Los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) no son simples cifras en una estadística: constituyen un trampolín vital para miles de personas desempleadas en las islas. Representan oportunidades cruciales para adquirir competencias, mejorar la empleabilidad y reincorporarse al mercado laboral.

Cada día que un proyecto PFAE permanece paralizado supone que la esperanza y el futuro de innumerables familias canarias se desvanecen. La inacción actual está bloqueando el acceso a la formación y al empleo digno precisamente de quienes más lo necesitan, truncando su potencial y limitando su capacidad de aportar al desarrollo social y económico de Canarias.

¡Actuación urgente y estratégica es imperativa!

El SCE ha sido claro en su advertencia: las alternativas jurídicas propuestas “garantizan seguridad jurídica y estabilidad a los equipos técnicos”. La solución está sobre la mesa, y la urgencia es máxima. Es imperativo que los Ayuntamientos actúen con la celeridad que la situación exige para adaptar sus estructuras organizativas a la nueva normativa. La falta de compromiso no solo hipoteca el presente, sino que compromete gravemente la recuperación y el progreso social de Canarias.

Desde EDUCAM, hacemos un llamamiento urgente a todas las administraciones locales implicadas a priorizar la resolución de estos obstáculos, utilizando las herramientas y el asesoramiento proporcionado por el SCE. El futuro laboral y formativo de miles de canarios depende de ello.

Ver listado de PFAEs y PFAEs de Garantía Juvenil aprobados en Canarias en 2025.